Jurisprudencia - Monotributo. Colegio de Fonoaudiólogos de Entre Ríos con Estado Nacional sobre acción de amparo.
Procuración General de la Nación
Suprema Corte:
-I-
A fojas 9/11, el Colegio de Fonoaudiólogos de Entre Ríos promovió acción de amparo contra el Estado Nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), en los términos del art. 43 de la Carta Magna, para que se declare la inconstitucionalidad del art. 2° de la ley 24.977, del decreto
885/98 del Poder Ejecutivo Nacional, de la resolución general
211 de la A.F.I.P. y demás normas reglamentarias, en cuanto impiden a sus representados que tengan una facturación anual igual o inferior a $ 36.000, asumir la posición de responsables no inscriptos frente al IVA (RNI, en adelante). Arguyó que es una entidad de carácter paraestatal cuyo fin es controlar, de forma delegada, la matrícula y el comportamiento ético de los colegiados.
Expresó que la ley citada creó el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (RS), denominado también "monotributo", y modificó el art. 29 de la ley del IVA, de tal forma que, quienes están en condiciones de optar por este nuevo régimen y no lo hagan, quedan obligatoriamente frente al IVA como responsables inscriptos (RI, de aquí en más), no pudiendo ser RNI.
Alegó que ello, en muchos casos, no representa una mejora ni una comodidad con respecto a su situación tributaria anterior, sino que encierra una injusticia, pues la franja de profesionales con mayores ingresos puede permanecer ante el IVA como RNI, lo que se traduce, desde su óptica, en una situación más ventajosa. Puntualiza que las normas en crisis violan los principios constitucionales de equidad, proporcionalidad e igualdad ante el impuesto.
Por último, solicitó que se declare la cuestión como de puro derecho, que se dicte una medida precautoria al respecto, hasta tanto haya sentencia firme.
-II-
A fs. 30/34, el Fisco Nacional presentó el informe del art. 8° de la ley 16.986, en el cual describió el mecanismo del "monotributo" en cuanto se refiere a los pequeños contribuyentes de la categoría "profesionales". Al mismo tiempo, estimó que la vía intentada es improcedente, dada la necesidad de una mayor amplitud de debate y prueba, porque el daño alegado no puede generalizarse debido a la diversidad de situaciones tributarias y económicas que pueden presentar los colegiados de la actora, sin que pueda decirse que las normas son manifiestamente arbitrarias.
Negó que el sistema sea injusto o que establezca diferencias inadmisibles entre categorías de responsables, a la par que sostuvo que las ventajas y desventajas del sistema implementado han de apreciarse caso por caso, dado que éste afecta a cada contribuyente de manera distinta, de acuerdo con su particular situación, lo cual acarrea la necesidad de debate y pruebas al respecto.
Remarcó el carácter opcional del régimen y las ventajas que posee con relación al sistema tributario general, en cuanto a que se exceptúa de sufrir retenciones o percepciones, o realizar pagos a cuenta a quienes se inscriban en él.
-III-
A fs. 40/42, el juez federal de Paraná hizo lugar a la acción y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas en cuanto impiden a los miembros de la amparista optar por permanecer como RNI ante el IVA.
Para resolver de tal modo, estimó que la vía es formalmente procedente, ya que no hace falta mayor amplitud de debate y prueba, tal como se demostró en causas similares, a cuyas constancias remitió.
Agregó que el art. 43 de la Carta Magna exige, en el accionar impugnado, una arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, circunstancia que se verifica en autos pues señaló existe una notoria desigualdad entre quienes no superan los $ 36.000 de facturación anual y que, en consecuencia, deben pasar a revestir como monotributistas o bien permanecer ante el IVA como RI y quienes, por superar dicha cifra y hasta los $ 144.000, tienen la posibilidad de estar como RNI en ese impuesto, de forma tal que a quienes tienen mayores ingresos se les exige una tributación menor y se les reducen las cargas formales. Estas circunstancias implican a su entender una grave lesión del art. 16 de la Carta Magna y del principio de capacidad contributiva.
-IV-
A fs. 54/55, la Cámara Federal de Paraná confirmó en su totalidad el decisorio recurrido, al compartir su apreciación en cuanto a que el nuevo régimen fiscal para los profesionales de menores ingresos resulta notoriamente violatorio del derecho a la igualdad.
-V-
Disconforme, el Fisco Nacional interpuso el recurso extraordinario que luce a fs. 58/63, concedido por la alzada a fs. 69.
Aduce que se halla en juego la interpretación de normas de derecho federal y que, además, lo resuelto por el a quo es arbitrario porque se apoya en argumentos inconsistentes, ya que no se ha acreditado, ni siquiera mediante indicios, la afirmación que sustenta la posición de la actora, en cuanto a que quienes menos ganan se hallan en una peor situación frente al Fisco que aquellos que, por tener una facturación superior a $ 36.000, al poder optar por ser RNI ante el IVA, gozan de una ventaja fiscal. Insiste, en este sentido, en que la vía escogida no resulta idónea para tratar el planteamiento realizado, ya que debe atenderse la situación tributaria de cada contribuyente, sin que puedan extraerse con- secuencias generales. Así, puntualiza que, en autos, no ha existido prueba alguna sino que, por toda demostración del daño alegado, se ha tenido como válida una pericia contable realizada en otro juicio y sobre la cual no le fue dado opinar.
Por último, advierte que la cuestión debatida en autos posee gravedad institucional, habida cuenta de que excede el interés meramente individual de las partes y afecta al sistema tributario federal y a la recaudación de los ingresos estatales.
-VI-
De los agravios de la recurrente, considero que un orden jurídicamente lógico impone examinar, en forma previa, el relativo a la legitimación que ha esgrimido el colegio actor para actuar en nombre de sus asociados, puesto que, de carecer de tal requisito común, se estaría ante la inexistencia de un "caso", "causa" o "controversia", en los términos del art. 116 de la Carta Magna, que tornaría imposible la intervención de la justicia por intermedio del presente amparo, resultando carente de sustento y, por ende, arbitrario, un decisorio sobre el fondo en tales condiciones. Debo recordar, en este orden de ideas, que es doctrina del Tribunal que el recurso extraordinario es procedente, aun tratándose de cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal, en los su- puestos en que las conclusiones de los jueces presentan vicios que las descalifican a la luz de la doctrina sobre la arbitrariedad de sentencias (Fallos: 311:696 y 880).
Ello es preciso, a pesar de que en el recurso de fs.58/63 sólo se cuestiona este extremo en forma sumamente escueta (ver fs. 60, quinto párrafo).
En este orden de pensamientos, cabe indicar que, como lo recordó este Ministerio Público en los dictámenes recogidos en Fallos: 306:893 y 322:528 Centre otros, desde antiguo V.E. ha declarado que no compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, porque es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos (Fallos: 2:253; 24:248; 94:444; 94:51; 130:157; 243:177; 256: 103; 263:397 y muchos otros).
Así, ya desde sus inicios (confr. Fallos: 1:27 y 292), el Tribunal negó que estuviese en la órbita del Poder Judicial de la Nación la facultad de expedirse en forma general sobre la constitucionalidad de las normas emitidas por los poderes legislativo y ejecutivo (Fallos: 12:372; 95:51 y 115:163). Ello es así pues como lo afirmó en Fallos: 242:353 el fin y las consecuencias del control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa suponen que este requisito de la existencia de "caso" o "controversia judicial" sea observado rigurosamente para la preservación del principio de la división de poderes, según lo expone el juez Frankfurter con fundamento en la jurisprudencia norteamericana (341 U.S. 149).
Es por tales motivos que el art. 2° de la ley 27 preceptúa que la justicia nacional nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte. Así lo ha entendido V.E. en su invariable doctrina, según la cual "si para determinar la jurisdicción de la Corte y de los demás tribunales de la Nación no existiese la limitación derivada de la necesidad de un juicio, de una contienda entre partes, entendida ésta como
En esta inteligencia de la cuestión, la existencia de un "caso" o "causa" presupone la de "parte", es decir, de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso. En este orden de ideas, ha expresado V.E. en Fallos: 322:528, considerando 9°, que, como lo ha destacado acertada- mente la jurisprudencia norteamericana, "al decidir sobre la legitimación resulta necesario determinar si hay un nexo lógico entre el status afirmado [por el litigante] y el reclamo que se procura satisfacer", el cual "resulta esencial para garantizar que [aquél] sea una parte propia y apropiada que puede invocar el poder judicial federal" ("Flash v. Cohen", 392 U.S. 83), y, en definitiva, como fue señalada por el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Antonin Scalia, a fin de preservar al Poder Judicial de la sobre judicialización de los procesos de gobierno ("The doctrine of standing as an essential element of the separation of powers", 17 Suffolk Univ. Law Review, 1983, pág. 881). En síntesis, la "parte" debe demostrar la existencia de un "interés especial" en el proceso o, como lo ha dicho nuestra jurisprudencia, que los agravios alegados la afecten de forma "suficientemente directa" o "substancial", esto es, que posean suficiente "concreción e inmediatez" para poder procurar dicho proceso.
A lo dicho, cabe agregar que, como también lo ha sostenido V.E. (arg. Fallos: 311:1435, considerando 5° a contrario sensu y C.1329.XXXVI. in re "Casime, Carlos Alberto c/ Estado Nacional", sentencia del 20 de febrero de 2001 que remite al dictamen de este Ministerio Público Fiscal), se configura una causa judicial atinente al control de constitucionalidad de preceptos legales infraconstitucionales cuya decisión es propia del Poder Judicial, siempre y cuando se produzca un perjuicio concreto al derecho que asiste a quien legítimamente lo invoca.
En conclusión, el principio indicado surge de la jurisprudencia norteamericana, que también requiere una controversia definida, concreta, real y sustancial, que admita remedio específico a través de una decisión de carácter definitivo, entendida como diferente de una opinión que advierta cuál sería la norma en un estado de hecho hipotético. Este principio fue reiterado por el Tribunal en Fallos: 316:1713 y 320:1556 y 2851, así como en sendos dictámenes de esta Procuración General en las causas C.782.XXXV. "Carbone, Miguel y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación s/ acción de amparo" y la ya citada "Casime".
En el sub judice, la actora que es un colegio que reúne a los profesionales en la fonoaudiología en la Provincia de Entre Ríos, vale recordarlo invocó estar investida de facultades para representar a sus asociados, quienes dice por tener una facturación que, en el año, no supera los $ 36.000, han sufrido o pueden sufrir, en forma inminente, las consecuencias gravosas de la aplicación de un régimen tributario desventajoso, con relación al resto de los contribuyentes que, por superar dicho monto, pueden permanecer como responsables no inscriptos frente al IVA, razón por la cual pretende la declaración de inconstitucionalidad de las normas supra indicadas.
Estimo que, contrariamente a lo alegado por dicha parte y a lo decidido implícitamente por el a quo, existe un obstáculo insuperable para poder considerar que aquélla se encuentra legitimada para realizar la petición de autos. El óbice al que me refiero, en esencia, se desprende de la calidad de los derechos cuya afectación ha denunciado.
En efecto, si bien ha destacado esta Procuración General que, tras la reforma constitucional de 1994, nuestra Carta Magna ha ampliado el espectro de los sujetos legitimados para accionar por la vía del amparo, que tradicionalmente estaba limitada a aquellos que fueran titulares de un derecho subjetivo individual, esta amplitud no se ha dado para la defensa de cualquier derecho, sino sólo en relación a los mecanismos tendientes a proteger ciertos derechos de incidencia colectiva (arg. dictamen de la causa de Fallos: 320:690, acápite IV).
Así, el art. 43 de la Constitución Nacional, en su segundo párrafo, establece que podrán interponer dicha acción "contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propenden a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización".
En la especie, cabe destacar, no se trata de un planteamiento vinculado a derechos relativos al medio ambiente, o a la competencia, ni que afecten la relación de usuario o consumidor, ni de ningún otro tipo de derecho subjetivo de incidencia colectiva en general (supuestos que se daban en los antecedentes de Fallos: 320:690 y 323:1339), sino que estamos ante una discusión que, en concreto, gira en torno al deber de contribuir al gasto público por parte de ciertos sujetos que, por desarrollar una actividad profesional y tener una facturación que no supera un monto anual determinado, el legislador ha decidido que lo hagan de una manera determinada, colocándolos ante una opción, diversa de la que ha otorgado a quienes superan dicha cifra.
Aprecio, en tales condiciones, que la actora ha puesto sobre el tapete una cuestión relativa al respeto del principio de capacidad contributiva y de la igualdad ante el impuesto de cada uno de los contribuyentes que puedan resultar alcanzados por las disposiciones en crisis. Tales derechos, parece obvio remarcarlo, son patrimoniales, puramente individuales, cuyo ejercicio y solicitud de tutela corresponde, en exclusiva, a cada uno de los potenciales afectados y, por lo tanto, fuera del ámbito de la ampliación de la legitimación que ha realizado la citada norma constitucional.
En este orden de ideas, remarco que el colegio amparista no ha actuado tampoco en defensa de derechos y obligaciones que incumban exclusivamente a los fonoaudiólogos por su condición de tales, o en procura de justicia frente a disposiciones que regulen esa actividad profesional en exclusiva, supuesto en que, en todo caso, gozaría de una mejor posición para actuar ante la justicia, si su ley de creación y sus normas estatuarias así lo facultaran. Como quedó dicho, lo hizo sólo con relación a derechos individuales de parte de sus asociados, en su calidad de contribuyentes, supuesto que, a mi juicio, demuestra un standing insuficiente para formular un reclamo como el de autos.
Ha expresado el Tribunal en Fallos: 321:1252, considerando que, admitir la legitimación en un grado que la identifique con el "generalizado interés de todos los ciudadanos en el ejercicio de los poderes de gobierno", deformaría las atribuciones del Poder Judicial en sus relaciones con el ejecutivo y con la legislatura y lo expondría a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares. Y agregó que la protección de los contribuyentes o de los ciudadanos, dada su base potencialmente amplia, es precisamente el tipo de influencia que en una democracia debe ser utilizada ante las ramas del gobierno destinadas a ser sensibles frente a la actitud de la población, modalidad de naturaleza política a la que es ajeno el Poder Judicial. Es claro, en mi concepto, que tal supuesto equivaldría a una acción popular, a una defensa abstracta de la legalidad, inadmisible en nuestro ordenamiento federal.
Lo aquí expuesto no implica, claro está, adelantar juicio alguno sobre la constitucionalidad de las normas criticadas, ni menoscabar el derecho de cada habitante de la Nación para acudir al amparo jurisdiccional cuando se vean lesionados o restringidos ilegalmente sus derechos constitucionales de modo que exija reparación (vgr. si quien está legitimado demostrase algún derecho subjetivo afectado por el RS o por las categorías opcionales ante las cuales lo ha colocado la nueva regulación; o bien un palpable menoscabo en su derecho al respeto de la igualdad y de la capacidad contributiva). Así lo ha sostenido el Tribunal, desde antiguo, cuando el desenvolvimiento de los poderes políticos afectó esas garantías y sin que esa protección haya implicado ejercer, por sí mismo, las facultades de otro poder (Fallos: 179:98; 185:12; 194:428; 195:250; 310:991; 312:451 y 321:1252, entre muchos otros), situación que, como queda dicho, no guarda relación con la examinada en este dictamen.
-VIII-
Lo hasta aquí dicho me exime de considerar los restantes agravios introducidos en el recurso extraordinario del Fisco Nacional, ya que devienen inoficiosos frente a la solución que se propone.
Por lo tanto, estimo que cabe dejar sin efecto la sentencia de fs. 54/55 en cuanto fue materia de recurso extraordinario.
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2001
Es Copia
María Graciela Reiriz
En esta inteligencia de la cuestión, la existencia de un "caso" o "causa" presupone la de "parte", es decir, de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso. En este orden de ideas, ha expresado V.E. en Fallos: 322:528, considerando 9°, que, como lo ha destacado acertada- mente la jurisprudencia norteamericana, "al decidir sobre la legitimación resulta necesario determinar si hay un nexo lógico entre el status afirmado [por el litigante] y el reclamo que se procura satisfacer", el cual "resulta esencial para garantizar que [aquél] sea una parte propia y apropiada que puede invocar el poder judicial federal" ("Flash v. Cohen", 392 U.S. 83), y, en definitiva, como fue señalada por el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Antonin Scalia, a fin de preservar al Poder Judicial de la sobre judicialización de los procesos de gobierno ("The doctrine of standing as an essential element of the separation of powers", 17 Suffolk Univ. Law Review, 1983, pág. 881). En síntesis, la "parte" debe demostrar la existencia de un "interés especial" en el proceso o, como lo ha dicho nuestra jurisprudencia, que los agravios alegados la afecten de forma "suficientemente directa" o "substancial", esto es, que posean suficiente "concreción e inmediatez" para poder procurar dicho proceso.
A lo dicho, cabe agregar que, como también lo ha sostenido V.E. (arg. Fallos: 311:1435, considerando 5° a contrario sensu y C.1329.XXXVI. in re "Casime, Carlos Alberto c/ Estado Nacional", sentencia del 20 de febrero de 2001 que remite al dictamen de este Ministerio Público Fiscal), se configura una causa judicial atinente al control de constitucionalidad de preceptos legales infraconstitucionales cuya decisión es propia del Poder Judicial, siempre y cuando se produzca un perjuicio concreto al derecho que asiste a quien legítimamente lo invoca.
En conclusión, el principio indicado surge de la jurisprudencia norteamericana, que también requiere una controversia definida, concreta, real y sustancial, que admita remedio específico a través de una decisión de carácter definitivo, entendida como diferente de una opinión que advierta cuál sería la norma en un estado de hecho hipotético. Este principio fue reiterado por el Tribunal en Fallos: 316:1713 y 320:1556 y 2851, así como en sendos dictámenes de esta Procuración General en las causas C.782.XXXV. "Carbone, Miguel y otros c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación s/ acción de amparo" y la ya citada "Casime".
En el sub judice, la actora que es un colegio que reúne a los profesionales en la fonoaudiología en la Provincia de Entre Ríos, vale recordarlo invocó estar investida de facultades para representar a sus asociados, quienes dice por tener una facturación que, en el año, no supera los $ 36.000, han sufrido o pueden sufrir, en forma inminente, las consecuencias gravosas de la aplicación de un régimen tributario desventajoso, con relación al resto de los contribuyentes que, por superar dicho monto, pueden permanecer como responsables no inscriptos frente al IVA, razón por la cual pretende la declaración de inconstitucionalidad de las normas supra indicadas.
Estimo que, contrariamente a lo alegado por dicha parte y a lo decidido implícitamente por el a quo, existe un obstáculo insuperable para poder considerar que aquélla se encuentra legitimada para realizar la petición de autos. El óbice al que me refiero, en esencia, se desprende de la calidad de los derechos cuya afectación ha denunciado.
En efecto, si bien ha destacado esta Procuración General que, tras la reforma constitucional de 1994, nuestra Carta Magna ha ampliado el espectro de los sujetos legitimados para accionar por la vía del amparo, que tradicionalmente estaba limitada a aquellos que fueran titulares de un derecho subjetivo individual, esta amplitud no se ha dado para la defensa de cualquier derecho, sino sólo en relación a los mecanismos tendientes a proteger ciertos derechos de incidencia colectiva (arg. dictamen de la causa de Fallos: 320:690, acápite IV).
Así, el art. 43 de la Constitución Nacional, en su segundo párrafo, establece que podrán interponer dicha acción "contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propenden a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización".
En la especie, cabe destacar, no se trata de un planteamiento vinculado a derechos relativos al medio ambiente, o a la competencia, ni que afecten la relación de usuario o consumidor, ni de ningún otro tipo de derecho subjetivo de incidencia colectiva en general (supuestos que se daban en los antecedentes de Fallos: 320:690 y 323:1339), sino que estamos ante una discusión que, en concreto, gira en torno al deber de contribuir al gasto público por parte de ciertos sujetos que, por desarrollar una actividad profesional y tener una facturación que no supera un monto anual determinado, el legislador ha decidido que lo hagan de una manera determinada, colocándolos ante una opción, diversa de la que ha otorgado a quienes superan dicha cifra.
Aprecio, en tales condiciones, que la actora ha puesto sobre el tapete una cuestión relativa al respeto del principio de capacidad contributiva y de la igualdad ante el impuesto de cada uno de los contribuyentes que puedan resultar alcanzados por las disposiciones en crisis. Tales derechos, parece obvio remarcarlo, son patrimoniales, puramente individuales, cuyo ejercicio y solicitud de tutela corresponde, en exclusiva, a cada uno de los potenciales afectados y, por lo tanto, fuera del ámbito de la ampliación de la legitimación que ha realizado la citada norma constitucional.
En este orden de ideas, remarco que el colegio amparista no ha actuado tampoco en defensa de derechos y obligaciones que incumban exclusivamente a los fonoaudiólogos por su condición de tales, o en procura de justicia frente a disposiciones que regulen esa actividad profesional en exclusiva, supuesto en que, en todo caso, gozaría de una mejor posición para actuar ante la justicia, si su ley de creación y sus normas estatuarias así lo facultaran. Como quedó dicho, lo hizo sólo con relación a derechos individuales de parte de sus asociados, en su calidad de contribuyentes, supuesto que, a mi juicio, demuestra un standing insuficiente para formular un reclamo como el de autos.
Ha expresado el Tribunal en Fallos: 321:1252, considerando que, admitir la legitimación en un grado que la identifique con el "generalizado interés de todos los ciudadanos en el ejercicio de los poderes de gobierno", deformaría las atribuciones del Poder Judicial en sus relaciones con el ejecutivo y con la legislatura y lo expondría a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares. Y agregó que la protección de los contribuyentes o de los ciudadanos, dada su base potencialmente amplia, es precisamente el tipo de influencia que en una democracia debe ser utilizada ante las ramas del gobierno destinadas a ser sensibles frente a la actitud de la población, modalidad de naturaleza política a la que es ajeno el Poder Judicial. Es claro, en mi concepto, que tal supuesto equivaldría a una acción popular, a una defensa abstracta de la legalidad, inadmisible en nuestro ordenamiento federal.
Lo aquí expuesto no implica, claro está, adelantar juicio alguno sobre la constitucionalidad de las normas criticadas, ni menoscabar el derecho de cada habitante de la Nación para acudir al amparo jurisdiccional cuando se vean lesionados o restringidos ilegalmente sus derechos constitucionales de modo que exija reparación (vgr. si quien está legitimado demostrase algún derecho subjetivo afectado por el RS o por las categorías opcionales ante las cuales lo ha colocado la nueva regulación; o bien un palpable menoscabo en su derecho al respeto de la igualdad y de la capacidad contributiva). Así lo ha sostenido el Tribunal, desde antiguo, cuando el desenvolvimiento de los poderes políticos afectó esas garantías y sin que esa protección haya implicado ejercer, por sí mismo, las facultades de otro poder (Fallos: 179:98; 185:12; 194:428; 195:250; 310:991; 312:451 y 321:1252, entre muchos otros), situación que, como queda dicho, no guarda relación con la examinada en este dictamen.
-VIII-
Lo hasta aquí dicho me exime de considerar los restantes agravios introducidos en el recurso extraordinario del Fisco Nacional, ya que devienen inoficiosos frente a la solución que se propone.
Por lo tanto, estimo que cabe dejar sin efecto la sentencia de fs. 54/55 en cuanto fue materia de recurso extraordinario.
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2001
Es Copia
María Graciela Reiriz
Jurisprudence - Monotribute. School of Fonoaudiólogos among Rivers with National State on shelter action.
General power of attorney of the Nation
Supreme Court:
- I
To sheets 9/11, the School of Fonoaudiólogos among Rivers promoted action of shelter against the National State and the Federal Administration of Income Public (A.F.I.P.), in the terms of Art. 43 of the Magna Carta, so that the unconstitutionality of the Art. is declared 2° of law 24,977, of the decree 885/98 of the Nacional Executive Power, the general resolution
211 of the A.F.I.P and other prescribed norms, as soon as prevent to his represented that they the same have an annual invoicing or inferior to $ 36,000, to assume the position of people in charge nonnew recruits against the IVA (RNI, in future). It argued that it is an organization of semi-official character whose aim is to control, of delegated form, the matriculation and the ethical behavior of the associated ones.
It expressed that the mentioned law created the regime simplified for small contributors (RS), also denominated “monotribute”, and modified the Art. 29 of the law of the IVA, such form that, who can to decide on this new regime and they do not do it, is obligatorily against the IVA like responsible new recruits (RI, of here in more), not being able to be RNI.
It alleged that it, in many cases, does not represent an improvement nor a comfort with respect to its previous tributary situation, but locks up an injustice, because the strip of professionals with majors income can remain before the IVA like RNI, which is translated, from its optics, in an advantageous situation. It emphasizes that the norms in crisis violate the constitutional principles of fairness, proportionality and equality before the tax.
Finally, it solicitd that the question like of pure straight is declared, that dictates a precautionary measurement on the matter, until there is firm sentence.
- II
To fs. 30/34, the National State treasury presented the report of the Art. 8° of the law 16,986, in which it described the mechanism of the “monotribute” as soon as it talks about the small “professional” contributors of the category. At the same time, it considered that the tried route is inadmissible, given to the necessity of a greater amplitude of debate and test, because the alleged damage cannot become general due to the diversity of tributary and economic situations that can present the associated ones of the prosecution, without it can say that the norms are manifestly arbitrary.
It denied that the system is unjust or that establish inadmissible differences between categories of people in charge, at the same time as maintained that the advantages and disadvantages of the implemented system have to be appraised case by case, since this one affects each contributor differently, in agreement with their particular situation, which on the matter causes the necessity of debate and tests.
The optional character of the regime and the advantages observed that it owns in relation to general the tributary system, insofar as it is excepted to undergo retentions or perceptions, or against the account to realise payments to those who register in him.
- III
To fs. 40/42, the federal judge of Parana made place to the action and, consequently, she declared the unconstitutionality of the opposed dispositions as soon as they prevent to the members of the amparista to choose to remain like RNI before the IVA.
In order to solve of such way, it considered that the route is formally originating, since it is not necessary greater amplitude of debate and test, as demonstrated in similar causes, whose certainties sent.
It added that Art. 43 of the Magna Carta demands, in opposed driving, a manifest abuse or illegality, circumstance that verifies in cars because it indicated exists a well-known inequality between those who $ 36,000 of annual invoicing do not surpass and which, consequently, they must happen to have like monotributistas or to remain before the IVA like RI and that, to surpass this number and until $ 144,000, have the possibility of being like RNI in that tax, so that to those who they have majors income demands a smaller taxation to them and the formal loads are reduced to them. These circumstances in their opinion imply one serious injury of Art. 16 of the Magna Carta and the principle of taxpaying capacity.
- IV
To fs. 54/55, the Federal Camera of Parana confirmed in its resorted totality the decision-making one, when sharing its appreciation insofar as the new fiscal regime for the professionals of smaller income is well-known violatory from the right to the equality.
- V
Dissatisfied, the National State treasury interposed the extraordinary resource that shines to fs. 58/63, granted by the raised one fs. 69.
It adduces that the interpretation of norms of federal right is in game and that, in addition, the solved thing by a quo is arbitrary because one leans not even in inconsistent arguments, since it has not been credited, by means of indications, the affirmation that sustains the position of the prosecution, insofar as that less wins they are in one worse situation in front of the State treasury that those that, to have a invoicing superior to $ 36,000, to the power to choose for being RNI before the IVA, enjoy a fiscal advantage. It insists, in this sense, in that the selected route does not turn out suitable to treat the realised exposition, since the tributary situation of each contributor must be taken care of, without they can be extracted with general sequences. Thus, it emphasizes that, in cars, it has not existed proves some but, by all demonstration of the alleged damage, it has been had like valid a countable skill realised in another judgment and on which it was not given to him to think.
Finally, it notices that the question debated in cars owns institutional gravity, bearing in mind that it merely exceeds the individual interest the parts and affects to the federal tributary system and the collection of the state revenues.
- VI
Of the offenses of the appellant, I consider that a legally logical order imposes to examine, in previous form, regarding the legitimation that has used the school actor to act in the name of its associates, since, to lack requisite so common, it would be before the nonexistence of a “case”, “cause” or “controversy”, in the terms of the Art. 116 of the Magna Carta, that would return impossible the intervention of justice through the present sustenance shelter, being devoid and, therefore, arbitrary, a decision-making one on the bottom in such conditions. I must to remember, in this order of ideas, that it is doctrine of the Court who the extraordinary resource is originating, even concerning questions in fact, test and procedural right, in his positions in which the conclusions of the judges present vices that disqualify them in the light of the doctrine on the abuse of sentences (Failures: 311:696 and 880).
It is precise, although in the resource of fs.58/63 this end in extremely concise form is only questioned (to see fs. 60, fifth paragraph).
In this order of thoughts, it is possible to indicate that, as this Public Ministry in the opinions picked up in Failures remembered it: 306:893 and 322:528 Center others, from old V.E it has declared that is not incumbent on to the judges to make general or abstract declarations, because it is of the essence of the Judicial power to decide effective collisions of rights (Failures: 2:253; 24:248; 94:444; 94:51; 130:157; 243:177; 256: 103; 263:397 and many others).
Thus, already from its beginnings (confr. Failures: 1:27 and 292), the Court denied that it was in the orbit of the Judicial power of the Nation the faculty to send in general form on the consitutionality of the norms emitted by the powers legislative and executive (Failures: 12:372; 95:51 and 115:163). It is therefore as it affirmed it in Failures: 242:353 the aim and the consequences of the control entrusted to justice on the activities executive and legislative suppose that this requirement of the existence of “case” or “judicial controversy” is observed rigorously for the preservation of the principle of the division of powers, according to exposes it judge Frankfurter with foundation in the North American jurisprudence (341 U.S. 149).
It is by such reasons that the Art. 2° of law 27 preceptúa that national justice never comes from office and only exerts jurisdiction in the contentious cases in that it is required at the request of part. To thus it has understood V.E it in his invariable doctrine, according to which “if to determine the jurisdiction of the Court and the other courts of the Nation the limitation derived from the necessity of a judgment, of a fight between parts, understood this one would not exist like
In this intelligence of the question, the existence of a “case” or “cause” estimates the one of “part”, that is to say, of who protests or she is defended and, therefore, the one from that benefits or harms with the resolution adopted after the process. In this order of ideas, it has expressed V.E in Failures: 322:528, whereas clause 9°, that, since mind is right outstanding the North American jurisprudence, “when deciding on the legitimation is necessary to determine if [by the litigant is a logical nexus between the affirmed status] and the reclamation that is tried to satisfy”, which “turns out essential to guarantee that [that one] is an own and appropriate part that can invoke the federal judicial power” (“Flash v. Cohen”, 392 U.S. 83), and, really, as it were indicated by the judge of the Supreme Court of the United States, Antonin Scalia, in order to preserve to the Judicial power of on judicialización of the processes of government (“The indoctrinates of standing essential ace an element of the separation of powers”, 17 Suffolk Univ. Law Review, 1983, p 881). In synthesis, the “part” must demonstrate the existence of a “special interest” in the process or, like has said our jurisprudence to it, that the alleged offenses affect it of sufficiently direct” or “substantial” form “, that is to say, that own sufficient “concretion and immediacy” to be able to try this process.
To what has been said, it is possible to add that, as also it has maintained V.E to it. (arg. Failures: 311:1435, whereas clause 5° on the other hand and C.1329.XXXVI in re “Casime, Carlos Alberto c National State”, it sentences of the 20 of February of 2001 that sends to the opinion of this Fiscal Public Ministry), forms a relevant judicial cause to the control of constitutionality of infraconstitutional legal rules whose decision is own of the Judicial power, as long as a concrete damage to the right takes place that attends who legitimately invokes it.
In conclusion, the indicated principle arises from the North American jurisprudence, that also requires a defined controversy, makes specific, real and substantial, that admits specific remedy through a decision of definitive character, understood like different from an opinion that it notices which would be the norm in a hypothetical state in fact. This principle was reiterated by the Court in Failures: 316:1713 and 320:1556 and 2851, as well as in individual opinions of this General Power of attorney in causes C.782.XXXV. “It turns into charcoal, Miguel and other cs Ministry of Economy and Works and Services Public of Nation s action of shelter” and already mentioned “Casime”.
In sub judice, the prosecution that is a school that reunites to the professionals in the fonoaudiología in the Province among Rivers, is worth to remember invoked it to be invested with faculties to represent its associates, that it says to have a invoicing that, in the year, does not surpass $ 36,000, has suffered or can suffer, in imminent form, the onerous consequences of the application of a disadvantageous tributary regime, in relation to the rest of the contributors who, to surpass this amount, can remain like people in charge nonnew recruits against the IVA, reason for which tries the declaration of unconstitutionality of the norms supra indicated.
I consider that, contrary to the alleged thing by this part and to the decided thing implicitly by a quo, an insurmountable obstacle exists to be able to consider that one is legitimized to realise the request of cars. The obstacle to which I talk about, in essence, is come off the quality of the rights whose affectation has denounced.
Indeed, although this General Power of attorney is outstanding that, after the constitutional reform of 1994, our Magna Carta has extended the phantom of the legitimized subjects to drive by the route of the shelter, that traditionally was limited that they were titular of an individual right, this amplitude has not occurred for the defense of any right, but only in relation to the tending mechanisms to protect certain rights of collective incidence (arg. opinion of the cause of Failures: 320:690, paragraph IV).
Thus, Art. 43 of the National Constitution, in their second paragraph, establishes that they will be able to generally interpose this action “against any form of discrimination and with respect to the rights that they protect to the atmosphere, the competition, the user and the consumer, as well as to the rights of collective incidence, the affected one, the mediator and the associations that incline to those aims, registered according to the law, the one that will determine the requirements and forms of its organization”.
In the species, it is possible to emphasize, one is not a tie exposition to rights regarding the environment, or the competition, nor that affect the relation of user or consumer, nor of no other type of right of collective incidence generally (assumptions that occurred in the antecedents of Failures: 320:690 and 323:1339), but we are before a discussion that, in particular, tour around having to contribute to the public spending on the part of certain subjects that, to develop a professional activity and to have a invoicing that does not surpass a certain amount annual, the legislator has decided that they do it of a determined way, placing them before an option, diverse of which it has granted to those who surpass this number.
Esteem, in such conditions, that the prosecution has put on the rug a question regarding the respect of the principle of taxpaying capacity and the equality before the tax of each one of the contributors who can be reached about the dispositions in crisis. Such rights, it seems obvious to observe it, are patrimonial, purely individual, whose exercise and request of trusteeship correspond, exclusively, to each one of the affected potentials and, therefore, outside the scope of the extension of the legitimation that has realised the mentioned constitutional norm.
In this order of ideas, I observe that the amparista school has not acted either in defense of rights and obligations that are incumbent exclusively on the fonoaudiólogos by their condition of such, or in it tries of justice against dispositions that regulate that professional activity exclusively, supposed in that, in any case, it would enjoy one better position to act before justice, if their statuary law of creation and its norms therefore would authorize it. As it were saying, it did it only in relation to individual rights from his associates, in his quality of contributors, if, in my opinion, it demonstrates standing insufficient to formulate a reclamation like the one of cars.
The Court in Failures has expressed: 321:1252, whereas clause that, to admit the legitimation in a degree that identifies it with “generalized interest of all the citizens in the exercise of the government powers”, it would deform the attributions of the Judicial power in its relations with the executive and the legislature and would expose it to the imputation to exert the government by means of precautionary measures. And it added that the protection of the contributors or the citizens, given its potentially ample base, is indeed the type of influence that in a democracy must be used before the branches of the government destined to being sensible against the attitude of the population, modality of political nature to which the Judicial power is other people's. It is clear, in my concept, that so supposed would be equivalent to a public interest action, to an abstract defense of the legality, inadmissible in our federal ordering.
Exposed here it does not imply, of course, to advance to judgment some on the consitutionality of the criticized norms, nor to reduce the right of each inhabitant of the Nation to go to the jurisdictional shelter when they are injured or restricted illegally its constitutional rights so that vgr demands repair (. if who is legitimized it demonstrated some right affected by RS or the optional categories before which it has placed it the new regulation; or a concrete reduction in its right to the respect of the equality and the taxpaying capacity). To thus it has maintained the Court it, from old, when the unfolding of the political powers affected those guarantees and without that protection has implied to exert, by itself, the faculties of another power (Failures: 179:98; 185:12; 194:428; 195:250; 310:991; 312:451 and 321:1252, between many others), situation that, as it is saying, does not bear relation to the examined one in this opinion.
- VIII-
Up to here said it exempts to me to consider the remaining offenses introduced in the extraordinary resource of the National State treasury, since they happen inofficious against the solution that sets out.
Therefore, I consider that it is possible to lapse the sentence of fs. 54/55 as soon as were matter of extraordinary resource.
Buenos Aires, 18 of December of 2001
It is Copy
María Graciela Reiriz