Jurisprudencia - Monotributo. Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional -Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos-(monotributo) dto. 885/98 s/ amparo-ley 16.986.
Procuración General de la Nación
Suprema Corte:
-I-
A fs. 8/11, el Defensor del Pueblo de la Nación adhirió, de acuerdo con el art. 90, inc. 2° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación a una presentación realizada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, quien había promovido acción de amparo contra el Estado Nacional (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos MEyOSP), en los términos del art. 43 de la Carta Magna, para que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 1° y 2° de la ley 24.977, de los decretos 762/98, 774/98 y 885/98 del Poder Ejecutivo Nacional, de la resolución general 211 de la AFIP y demás normas reglamentarias, en cuanto impiden a sus representados que tengan una facturación anual igual o inferior a $ 36.000, asumir la posición de representantes no inscriptos frente al IVA (RNI, en adelante).
Sostuvo el amparista que su intención es abarcar a todos los profesionales de la República Argentina, cualquiera sea su campo de actuación, ya que Csegún expresóC las normas que establecen el régimen simplificado o monotributo discriminan en contra de esta categoría de contribuyentes, siendo notorio que se ha generalizado en nuestro país un reproche contra ellas.
Adujo que los arts. 43 y 86 de la Constitución Nacional lo facultan para accionar en representación de aquellas personas del pueblo cuyos derechos pudieran resultar lesionados por actos u omisiones de la administración y de las empresas privadas que prestan servicios públicos.
-II-
A fs. 12, el juez de primera instancia entendió que la adhesión resultaba extemporánea y, por ende, le otorgó el trámite correspondiente a una nueva acción de amparo.
-III-
A fs. 146/148, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, al confirmar lo decidido por la instancia anterior, hizo lugar a la demanda y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de la ley 24.977, en la medida en que impide a los profesionales del país que no superen los $36.000 de ingresos brutos anuales, permanecer tributando en el régimen general, como responsables no inscriptos en el IVA.
Para así decidir, entendió que las normas impugnadas han establecido un tratamiento desigual, discriminatorio y arbitrario entre los profesionales universitarios o con habilitación reconocida, quedando en mejor situación quienes tienen una capacidad contributiva mayor.
-IV-
Disconforme, el Fisco Nacional interpuso el recurso extraordinario que luce a fs. 152/165. Aduce que se halla en juego la interpretación de normas de derecho federal y que, además, lo resuelto por el a quo envuelve en sí una cuestión de gravedad institucional, ya que afecta seriamente la recaudación de las rentas públicas.
Asimismo, señala que es arbitrario lo resuelto por que se apoya en argumentos inconsistentes, sin que se haya acreditado, ni siquiera mediante indicios ya que la causa tramitó como de puro derecho, la afirmación que sustenta la postura de la actora, en cuanto a que quienes menos ganan se hallan en una peor situación frente al Fisco que aquellos que facturan más de $ 36.000 y pueden optar por ser RNI ante el IVA, gozando así de una ventaja fiscal.
-V-
El remedio federal fue concedido por la alzada a fs.175 en lo vinculado con la interpretación de leyes federales y denegado en cuanto a la tacha de arbitrariedad, sin que se dedujera la correspondiente queja.
Estimo que dicho recurso es formalmente admisible, ya que la sentencia apelada se funda en la interpretación tanto de los arts. 43 y 86 de la Constitución Nacional, como de la ley 24.977 y sus normas reglamentarias, siendo la decisión del superior tribunal de la causa contraria a los derechos que la apelante sustenta en estas últimas.
-VI-
Estimo que, en primer lugar, corresponde examinar el punto relativo a la legitimación procesal que ha esgrimido en autos el señor Defensor del Pueblo de la Nación pues si bien no ha sido objeto de agravio concreto por parte del Fisco, al configurar un presupuesto necesario para que exista un caso o controversia que deba ser resuelto por los tribunales federales, su ausencia tornaría inoficiosa la consideración de los planteamientos formulados por el apelante (arg. Fallos: 322:528), ya que la justicia nacional no procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte (arg. art. 2° de la ley 27).
Una constante jurisprudencia de la Corte, elaborada sobre la base de lo establecido en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, ha expresado que esos casos son aquéllos en los que se persigue, en concreto, la determinación del derecho entre partes adversas, motivo por el cual no hay causa cuando se procura la declaración general y directa de inconstitucionalidad de las normas o actos de los otros poderes, ni, por ende, existe facultad alguna en cabeza del Poder Judicial de la Nación que lo autorice, en tales circunstancias, a formular dichas declaraciones (Fallos: 307:2384, entre otros).
En este orden de ideas, como ha sostenido el Tribunal, si bien el art. 86 de la Carta Magna prescribe que el Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal, ello no significa que los jueces no deban examinar, en cada caso, si corresponde asignar a aquél el carácter de titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión, como es exigible en todo proceso judicial (conf. Fallos: 323: 4098 y sus citas de Fallos: 310:2943; 311:2725; 318:1323).
La ley 24.284 excluye expresamente, del ámbito de competencia del órgano amparista, al Poder Judicial (art. 16, párrafo segundo), y establece que si iniciada su actuación Ase interpusiese por persona interesada recurso administrativo o acción judicial, el defensor del pueblo debe suspender su intervención (art. 21) (Fallos: 321:1352 y 323: 4098).
En el caso sub examine, como es de público conocimiento, varios profesionales afectados por la reforma introducida por la ley 24.977 han iniciado acciones judiciales con el mismo objeto aquí perseguido: que se les permita continuar como responsables no inscriptos en el IVA, a pesar de tener una facturación anual que no supera el tope de $ 36.000. Muchas de estas causas han llegado a conocimiento y decisión del Tribunal.
De esta forma, con lo establecido por las normas que regulan la actuación del aquí actor y lo recién mencionado, basta para rechazar la legitimación procesal de dicho organismo en la presente causa, tornándose inoficioso considerar los agravios vertidos por la recurrente, debido a la solución que se propone.
-VII-
Por lo expuesto, opino que corresponde dejar sin efecto el fallo apelado y desestimar liminarmente la demanda.
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2001. MARÍA GRACIELA REIRIZ
ES COPIA
Jurisprudence - Monotribute. Mediator of the National conEstado Nation - Ministry of Economy and Works and Services Public (monotribute) dto. 885/98 on shelter-law 16.986.
General power of attorney of the Nation
Supreme Court:
- I
To sheets 8/11, the Mediator of the Nation adhered, in agreement with Art. 90, Inc. 2° of Code Procedural Civil and Commercial of Nation to presentation realised by School Public of Lawyers of Capital Federal, who had promoted action of shelter against the National State (Ministry of Economy and Works and Services MEyOSP Public), in the terms of Art. 43 of the Magna Carta, so that the unconstitutionality of arts. is declared 1° and 2° of law 24,977, decrees 762/98, 774/98 and 885/98 of the Nacional Executive Power, the general resolution 211 of the AFIP and other prescribed norms, as soon as prevent to represented his that the same have an annual invoicing or inferior to $ 36.000, to assume the position of representatives nonnew recruits against the IVA (RNI, in future).
It maintained the amparista that its intention is to include all the professionals of the Argentine Republic, anyone is its field of action, since Csegún expresóC the norms which they establish the simplified regime or monotribute discriminates against this category of contributors, being well-known that has become general in our country a reproach against them.
It adduced that arts. 43 and 86 of the National Constitution authorizes it to drive in representation of those people of the town whose rights could be injured by acts or omissions from the administration and of private enterprises that serve public.
- II
To fs. 12, the judge of first instance understood that the adhesion was untimely and, therefore, it granted the proceeding to him corresponding to a new action of shelter.
- III
To fs. 146/148, Room IV of Camera National of Appeals in Contentious Office staff Federal of Capital Federal, when to confirm decided by instance previous, did place to demand and, consequently, unconstitutionality declared of law 24,977, insofar as it prevents the professionals of the country who do not surpass the $36,000 of annual gross income, to remain paying in the general regime, like people in charge nonnew recruits in the IVA.
Thus to decide, it understood that the opposed norms have established an unequal treatment, discriminatory and arbitrary between the university professionals or with recognized qualification, being in better situation who have a greater taxpaying capacity.
- IV
Dissatisfied, the National State treasury interposed the extraordinary resource that shines to fs. 152/165. It adduces that the interpretation of norms of federal right is in game and that, in addition, the solved thing by a quo surrounds in himself a question of institutional gravity, since it seriously affects the collection of the public rents.
Also, it indicates that the solved thing is arbitrary so that it leans not even in inconsistent arguments, without it has been credited, by means of indications since the cause transacted like of pure straight, the affirmation that sustains the position of the prosecution, insofar as that less wins they are in one worse situation in front of the State treasury that those that invoices more than $ 36,000 and can choose for being RNI before the IVA, enjoying a fiscal advantage that.
- V
The federal remedy was granted by the raised one to fs.175 in the tie thing with the interpretation of federal laws and denied as far as the abuse fault, without the corresponding complaint was deduced.
I consider that this resource is formally permissible, since the appealed sentence is based as much on the interpretation of arts. 43 and 86 of the National Constitution, as of the law 24,977 and its prescribed norms, being the superior's decision court of the opposite cause to the rights that the apellant sustains in these last ones.
- I SAW
I consider that, first of all, he corresponds to examine the point regarding the standing that the gentleman has used in cars Mediator of the Nation then although it has not been object of concrete offense on the part of the State treasury, when forming a necessary budget so that a case exists or controversy that must be solved by the federal courts, its absence would return inofficious the consideration of the expositions formulated by the apellant (arg. Failures: 322:528), since national justice does not come from office and it only exerts jurisdiction in the contentious cases in that arg is required at the request of part (. Art. 2° of law 27).
A constant jurisprudence of the Court, made on the base of the established thing in arts. 116 and 117 of the National Constitution, has expressed that those cases are those in which it is persecuted, in particular, the determination of the right between adverse parts, reason by which is no cause when the general and direct declaration of unconstitutionality of the norms or acts of the other powers is procured, nor, therefore, exists faculty some in head of the Judicial power of the Nation that authorizes it, in such circumstances, to formulate these declarations (Failures: 307:2384, among others).
In this order of ideas, since Court has maintained, although Art. 86 of the Magna Carta prescribes that the Mediator has standing, it does not mean that the judges do not have to examine, in each case, if it corresponds to assign to that one the character of titling of substantial the legal relation in which the pretension, as is sustained conf is indispensable in all judicial process (. Failures: 323: 4098 and its appointments of Failures: 310:2943; 311:2725; 318:1323).
Law 24,284 excludes specifically, of the scope of competition of the amparista organ, to the Judicial power (Art. 16, paragraph second), and establishes that if initiated its action Roasts interposed by interested person administrative resource or legal action, the mediator must suspend its intervention (Art. 21) (Failures: 321:1352 and 323: 4098).
In the case sub examines, as it is of public knowledge, several professionals affected by the reform introduced by law 24,977 have initiated legal actions with the same object persecuted here: that it is allowed them to continue like people in charge nonnew recruits in the IVA, in spite of having an annual invoicing that does not surpass the top of $ 36.000. Many of these causes have arrived at knowledge and decision from the Court.
Of this form, with the established thing by the norms that regulate the action of here the actor and just mentioned, it is enough to reject the standing of this organism in the present cause, being become inofficious to consider the offenses spilled by the appellant, due to the solution that sets out.
- VII-
By the exposed thing, I think that it corresponds to lapse the appealed failure and to reject the demand liminarmente.
Buenos Aires, 18 of December of 2001.
MARÍA GRACIELA REIRIZ
IT IS COPY