Jurisprudencia - Monotributo. R.O. Sotura, Ricardo Fermín (TF 28.687-I) con DGI.
Corte Suprema.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
Vistos los autos: “Sotura, Ricardo Fermín (TF 28.687-I) c/DGI.
Considerando:
1°) Que la AFIP-DGI excluyó al señor Ricardo Fermín Sotura del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes -“monotributo”- a partir del 1º de julio de 2000 y, tras impugnar la declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal de ese año, le determinó de oficio su obligación tributaria por dicho período en la suma de $ 811.687,70 (conf. fs. 4/18). Contra dicha resolución la actora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (conf. fs. 40/49).
2º) Que el mencionado tribunal hizo lugar a la excepción de previo y especial pronunciamiento planteada por la actora y, en consecuencia, declaró la nulidad de esa resolución por entender que el contribuyente se encontraba amparado por el régimen de ‘bloqueo fiscal’ (arts. 117 y sgtes. de la ley 11.683 -t.o. en 1998- y decreto 629/92 modificado por los decretos 573/96 y 1340/98), según el cual la fiscalización se debe limitar al último período anual por el cual se hubiera presentado declaración jurada (denominado “período base”), y se presume -sin admitirse prueba en contrario- la exactitud de las correspondientes a los períodos anteriores no prescriptos hasta tanto el organismo recaudador no impugne a aquélla y determine el impuesto.
3º) Que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el referido pronunciamiento (fs. 170/172). Contra dicha sentencia el organismo recaudador dedujo recurso ordinario de apelación que fue concedido a fs. 178. El memorial de agravios obra a fs.184/197 y su contestación por la actora a fs. 200/205.
4º) Que el recurso planteado resulta formalmente admisible en tanto se dirige contra la sentencia definitiva, dictada en una causa en que la Nación es parte, y el valor disputado en último término, sin sus accesorios, supera el mínimo establecido por el art. 24, inc. 6°, ap. a, del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de esta Corte.
5°) Que la cuestión central por decidir en la presente causa consiste en determinar si el Fisco Nacional se encontraba habilitado para fiscalizar y determinar el impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2000, pese a no haber impugnado la declaración jurada correspondiente al año 2001 que tanto la actora, como el Tribunal Fiscal de la Nación y el a quo coincidieron en señalar como “período base” a los efectos de la fiscalización. Desde tal perspectiva cabe señalar que, según lo dispuesto por el art. 118 de la ley 11.683 -y en virtud de lo establecido por el decreto 629/92 y sus modif.- esa circunstancia hace presumir -sin admitir prueba en contrario- la exactitud de la declaración jurada correspondiente al año 2000 -así como de las correspondientes a los restantes períodos anteriores no prescriptos- respecto de los cuales operaría el “bloqueo” de las facultades del Fisco.
6º) Que la posición sostenida por la Administración Federal de Ingresos Públicos se funda en la derogación del aludido régimen de “bloqueo fiscal”. En efecto, según el organismo recaudador -y a diferencia del criterio de la actora, aceptado por los tribunales de las anteriores instancias- en virtud de tal derogación, ese régimen no resultó aplicable al ejercicio 2001 y, en consecuencia, la ausencia de impugnación de la declaración jurada correspondiente a ese ejercicio, no constituiría un obstáculo para que se impugnara la del año anterior y se determinara de oficio la obligación tributaria a su respecto, ya que éste no se encontraría entonces amparado por la aludida “presunción de exactitud”.
7º) Que el decreto 455 -del 8 de marzo de 2002-, en lo que interesa, dispuso derogar el referido régimen “con relación a períodos fiscales cuyo vencimiento opere con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente norma”. Meses más tarde, el decreto 977 -de fecha 10 de junio de 2002- pretendió aclarar lo dispuesto en aquél en el sentido de que la expresión “períodos fiscales cuyo vencimiento opere con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente norma” significa “períodos fiscales cuyo plazo de vencimiento general para la presentación jurada opere con posterioridad a esa fecha”.
8°) Que la cámara rechazó el criterio sostenido por la AFIP porque en su concepto “la norma contenida en el decreto 977/2002 tiene por objeto rectificar, es decir, enmendar, el sentido que surgía del decreto 455/2002 que se refería a los ‘períodos fiscales’ y no a la fecha de vencimiento del plazo general para la presentación de las declaraciones juradas”. En consecuencia, negó que pudiera atribuírsele a aquel decreto un carácter interpretativo o aclaratorio.
9°) Que con relación a ello cabe señalar que si bien en su memorial de agravios ante esta Corte (confr. especialmente fs. 193 y 194) la representante del Fisco Nacional insiste en afirmar que el decreto 977/02 es una norma interpretativa de los términos del decreto 455/02 “que no ha modificado ni agregado nada” (fs. 193), no aporta razones que desvirtúen la conclusión expuesta por el a quo en cuanto a que el dictado en segundo término “rectificó” o “enmendó” lo dispuesto por el primero.
10) Que, por otra parte, sentado que el segundo decreto es modificatorio del primero, los agravios del organismo recaudador tendientes a negar que en la situación de autos puedan verificarse derechos adquiridos en cabeza del actor tampoco resultan atendibles, en tanto en los propios fundamentos del decreto 455/02 se expresa que “elementales razones de seguridad jurídica aconsejan resguardar los derechos adquiridos por los contribuyentes que hubieren efectuado presentaciones al amparo del régimen aludido”. Y por tal razón, si bien se lo derogó por entenderse que las razones de política fiscal enunciadas en los referidos considerandos “tornan aconsejable dejar sin efecto el mencionado régimen, que limita las potestades investigadoras del Fisco Nacional”, tal derogación no se hizo inmediatamente operativa sino que se la pospuso “con relación a los períodos fiscales cuyo vencimiento opere con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente norma” (art. 1°) y se aclaró expresamente en su art. 2° que se mantenía la “plena vigencia” del régimen al que se hizo referencia “con relación a las presentaciones que se hubieran efectuado al amparo del decreto 629 de fecha 13 de abril de 1992, modificado por el decreto 573 de fecha 30 de mayo de 1996 y del decreto 1340 de fecha 16 de noviembre de 1998”.
11) Que, en consecuencia, y según surge de lo hasta aquí expuesto, si el contribuyente presentó su declaración jurada correspondiente al período 2001 el 27 de mayo de 2002, el Fisco Nacional no puede invocar una norma posterior -como lo es el decreto 977/02- para privar a aquélla declaración de los efectos que conllevaba según la normativa vigente en aquel momento, es decir, la presunción de exactitud de las anteriores en tanto aquella no fuera impugnada y se determinara el impuesto (confr. art. 118 de la ley 11.683 y decreto 629/92 y sus modif.).
Por ello, se confirma la sentencia apelada, con costas. Notifíquese y devuélvase. RICARDO LUÍS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAÚL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY.
ES COPIA
Recurso ordinario interpuesto por el Fisco Nacional (AFIP–DGI), representado por la Dra. María Gabriela Strasiotto, con el patrocinio letrado de la Dra. María Gabriela Mosqueira.
Traslado contestado por: Ricardo Fermín Sotura, representado por el Dr. Daniel Norberto Malvestiti.
Tribunal de origen: Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Intervino con anterioridad: Tribunal Fiscal de la Nación.
Jurisprudence - Monotribute. R.O. Sotura, Ricardo Fermín (TF 28.687-I) with DGI.
It Supreme Court.
Buenos Aires, 13 of September of 2011
Seen the cars: “Sotura, Ricardo Fermín (TF 28.687-I) c/DGI.
Whereas clause:
1°) That the AFIP-DGI excluded Mr. Ricardo Fermín Sotura of the Regime Simplified for Small Contributors - “monotribute” - from 1º of 2000 July and, after opposing the declaration sworn of the tax to the gains corresponding to the fiscal period of that year, determined of office its tributary obligation to him by this period in the sum of $ 811,687, 70 (conf. fs. 4/18). Against this resolution the prosecution interposed appeal resource before the Fiscal Court of the Nation (conf. fs. 40/49).
2º) That the mentioned court made place with the exception of previous and special uprising raised by the prosecution and, consequently, declared the invalidity of that resolution to understand that the contributor was protected by the fiscal regime of “blockade” (arts. 117 and sgtes. of law 11,683 - t.o in 1998 - and decree 629/92 modified by decrees 573/96 and 1340/98), according to which the control is due to limit the last annual period per which sworn declaration had appeared (denominated “period it bases”), and he presumes himself - without admitting test in opposite the exactitude of the corresponding ones to nonprescribed the previous periods until the tax collecting organism does not oppose to that one and determines the tax.
3º) That Room V of the National Camera of Appeals in the Contentious Federal Office staff confirmed the referred uprising (fs. 170/172). Against this sentence the tax collecting organism deduced ordinary resource of appeal that was granted fs. 178. The memorial of offenses builds to fs.184/197 and its answer by the prosecution to fs. 200/205.
4º) That the raised resource is formally permissible in as much goes against the definitive sentence, dictated in a cause in which the Nation is part, and the disputed value ultimately, without its accessories, surpasses the minimum established by Art. 24, Inc. 6°, AP. to, of decree-law 1285/58 and resolution 1360/91 of this Court.
5°) That the central issue to decide in the present cause consists of determining if the National State treasury were qualified to control and to determine the tax to the gains corresponding to fiscal period 2000, in spite of not to have opposed the sworn declaration corresponding to the year 2001 that as much the prosecution, as the Fiscal Court of the Nation and a quo agreed in indicating as “period bases” for the purposes of the control. From so perspective it is possible to indicate that, according to the arranged thing by Art. 118 of law 11,683 - and by virtue of established by the decree 629/92 and his modif. - that circumstance makes be conceited - without thus admitting test in opposite the exactitude of the sworn declaration corresponding to the year 2000 - like of the corresponding ones to the remaining nonprescribed previous periods with respect to which it would operate the “blockade” of the faculties of the State treasury.
6º) That the position maintained by the Federal Administration of Income Public is based on the derogation of the alluded to fiscal regime of “blockade”. Indeed, according to the tax collecting organism - and unlike the criterion of the prosecution, accepted by the courts of the previous instances by virtue of such derogation, that regime was not applicable to the exercise the 2001 and, consequently, absence from opposition of the sworn declaration corresponding to that exercise, it would not constitute an obstacle so that the one of the previous year was opposed and the tributary obligation to its respect was determined of office, since this one would not be then protected by the alluded to “presumption of exactitude”.
7º) That decree 455 - del 8 of March of 2002-, in which it interests, arranged to revoke the referred regime “in relation to fiscal periods whose victory operates after the entrance in use of the present norm”. Months later, decree 977 - of date 10 of June of 2002 - tried to clarify the arranged thing in that one in the sense that the expression “fiscal periods whose victory operates after the entrance in use of the present norm” means “fiscal periods whose general maturity date for the sworn presentation operates after that date”.
8°) That the camera rejected the criterion maintained by the AFIP because in its concept “the norm contained in decree 977/2002 intends to rectify, that is to say, to amend, the sense that arose from the decree 455/2002 that talked about to the “fiscal periods” and not to the date of victory of the general term for the presentation of the sworn declarations”. Consequently, it denied that an interpretative or clarifying character could be attributed him to that one decree.
9°) That in relation to it is possible to indicate that although in its memorial of offenses before this Court (confr. especially fs. 193 and 194) the representative of the National State treasury insists on affirming that decree 977/02 is an interpretative norm of the terms of the decree 455/02 “that fs has not modified nor added nothing” (. 193), do not contribute reasons that weaken the conclusion set out by a quo insofar as the dictation in second term “rectified” or “it amended” the arranged thing by first.
10) That, on the other hand, seated that the second decree is modifying of first, the tending offenses of the tax collecting organism to deny that in the situation of cars they cannot be verified either right acquired in head of the actor they are worthy of consideration, in as much in the own foundations of decree 455/02 it are expressed that “elementary reasons of legal security advise to protect the rights acquired by the contributors who will have carried out presentations under protection of the alluded to regime”. And for such reason, although was revoked it to be understood that the enunciated reasons of fiscal policy in the referred whereas clause “return advisable to lapse the mentioned regime, that limits the investigating powers of the National State treasury”, such derogation was not made immediately operative but was postponed it “in relation to the fiscal periods whose victory operates after the entrance in use of the present norm” (Art. 1°) and 2° was clarified specifically in its Art. that stayed the “total use” of the regime to which reference “in relation to the presentations became that had taken place under protection of decree 629 of date 13 of April of 1992, modified by decree 573 of date 30 of May of 1996 and decree 1340 of date 16 of November of 1998”.
11) That, consequently, and according to it arises from up to here exhibited, if the contributor presented his sworn declaration corresponding to period 2001 the 27 of May of 2002, the National State treasury cannot invoke a later norm - like is it decree 977/02- to deprive to that one declaration of the effects that entailed at that time according to the effective norm, that is to say, the presumption of exactitude of the previous ones in as much that one was not opposed and the tax would be determined (confr. Art. 118 of 11,683 law and decree 629/92 and his modify.).
For this reason, the appealed sentence is confirmed, with coasts. Notify yourself and give back yourself. RICARDO LUÍS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON of NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY.
IT IS COPY
Ordinary resource interposed by the National State treasury (AFIP-DGI), represented by the Dra. María Gabriela Strasiotto, with the learned sponsorship of the Dra. María Gabriela Mosqueira.
Transfer answered by: Ricardo Fermín Sotura, represented by the Dr. Daniel Norberto Malvestiti.
Court of origin: Room V of the National Camera of Appeals in the Contentious Federal Office staff.
It took part previously: Fiscal court of the Nation.