Jurisprudencia - Monotributo. San José AFJP S.A. contra AFIP ley 25.085 decreto 863/98 sobre proceso de conocimiento.
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Buenos Aires, 15 de junio de 2004.
Vistos los autos: "San José AFJP S.A. c/ AFIP ley 25.085 dto. 863/98 s/ proceso de conocimiento".
Considerando:
1°) Que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (fs. 383/386), al confirmar la sentencia de primera instancia (fs. 312/314 vta.), rechazó la demanda en lo atinente a las impugnaciones efectuadas por la actora a la validez constitucional y aplicación a su respecto de la ley 25.085 en tanto la de- mandada pretende imponer una tasa con sustento en dicha ley, y la admitió en lo referente a la imposibilidad de la AFIP de exigirle el pago de sumas correspondientes a períodos anteriores a la vigencia de aquélla.
2°) Que, para así resolver, el a quo consideró que la detracción establecida por esa norma guarda las características propias de una tasa en cuanto es una prestación exigida en forma obligatoria por el Estado y tiene relación con la actividad recaudatoria de la AFIP que afecta al obligado. Concluyó, por lo tanto, en que no se ha violado el principio de legalidad. Juzgó asimismo que no se había demostrado el carácter confiscatorio del tributo que justifique su declaración de inconstitucionalidad. De igual modo, desestimó que la sanción de la ley 25.345 (B.O. 17 de noviembre de 2000), cuyo art. 14 faculta al Poder Ejecutivo a fijar una comisión de hasta el 0,7% del total de la recaudación correspondiente a los aportes personales destinados al régimen de capitalización de la ley 24.241 y a las contribuciones patronales de la ley 24.577 constituya un "hecho nuevo", y que lo dispuesto por ella entrañe un supuesto de "doble imposición" pues, aparte de que la ley 25.345 fue publicada con anterioridad a la presentación del recurso de apelación, "no surge del cotejo de la ley 25.085 y de la mencionada norma, la coexistencia de entidades dotadas de poder tributario que formulen reclamos en términos confiscatorios" (fs. 385 vta.).
Empero, admitió que no surge de los términos de la ley 25.085 que ésta tenga carácter aclaratorio o complementario de la ley 24.977, motivo por el cual no puede otorgársele efectos retroactivos.
3°) Que contra tal sentencia, la actora dedujo re- curso extraordinario que, contestado por el Fisco Nacional, fue concedido en tanto se halla debatido el alcance e interpretación de una norma federal y denegado en cuanto a la tacha de arbitrariedad (confr. fs. 414), sin que contra esto último se haya promovido queja. En los términos en que fue concedido, el recurso resulta formalmente procedente (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).
4°) Que la apelante se agravia porque, en su concepto, la ley 25.085 no ha creado una tasa respecto de los fondos recaudados por la AFIP que deben ser remitidos a ella como empresa administradora de fondos de jubilaciones y pensiones sino que se limita a realizar una afectación de recursos (impuesto a las ganancias y al valor agregado) que le corresponden a la administración nacional; es decir, se trataría de una afectación de recursos propios del Estado Nacional. Destaca, en tal sentido, que la ley no dispone en forma concreta la creación de una tasa, por lo que el criterio de la demandada de tenerla por establecida resulta manifiestamente improcedente y opuesto al principio de legalidad y a la seguridad jurídica. Aduce asimismo que el establecimiento de una tasa alteraría unilateral y arbitrariamente las reglas del juego establecidas por la ley 24.241 que no puso a cargo de las administradoras los gastos de recaudación, fiscalización y distribución de fondos. Por otra parte alega que, de tratarse efectivamente de una "tasa", ésta resultaría confiscatoria y provocaría una "doble imposición", atento a lo dispuesto por el art. 14 de la ley 25.345 al referirse ambas gabelas a idéntica causa, hecho y base imponibles.
5°) Que ninguno de tales agravios resulta atendible. En cuanto al primero, el texto de la ley 25.085 es claro en el sentido de que la afectación del dos y medio por ciento que establece se aplica sobre el "importe de la recaudación de la ley 24.977 cuya percepción efectúa la Administración Federal de Ingresos Públicos". En consecuencia, no resulta posible interpretar sin contrariar la disposición legal que ella sólo comprende a los fondos recaudados en virtud del régimen del denominado "monotributo" instituido por la citada ley 24.977 que permanecen en poder del Estado, y deja al margen los que deben ser transferidos a las empresas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones ya que, como se ha visto, la ley 25.085 no establece distinción alguna que pueda dar sustento a limitar de ese modo su alcance. Sentado lo que antecede, y con relación a éstos últimos pues a ellos se circunscribe este pleito más allá de que la ley ha omitido designar el nomen iuris, es evidente que la figura que ha creado reviste todas las características de una tasa (confr. causa S.365.XXXVII "Selcro S.A. c/ Jefatura Gabinete de Mos. deci 55/00 (dto. 360/95 y 67/96) s/ amparo-ley 16.986", fallada el 21 de octubre de 2003, considerando 4° en tanto se trata de una prestación impuesta coactivamente por el Estado cuyo presupuesto de hecho consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado, como lo es la percepción de los fondos que se transfieren a la empresa administradora. En consecuencia, al haber sido instituida por una disposición emanada del Congreso, ninguna objeción puede efectuarse a su validez formal.
6°) Que en cuanto a los argumentos relativos a la confiscatoriedad, y a la doble imposición, el recurso extraordinario no logra refutar las conclusiones a las que ha llegado la cámara en el sentido de que en el caso de autos no se presenta ninguna de las circunstancias en las cuales, con arreglo a los criterios establecidos en conocida jurisprudencia de esta Corte, el tributo pueda resultar inválido por afectar principios constitucionales. En orden a ello, basta señalar que según el informe contable presentado por la propia empresa actora al promover la demanda, la incidencia de la tasa creada por la ley 25.085 sobre la comisión neta percibida por ella alcanzaría al 12,33 % (confr. fs. 43 y lo expresado concordemente por aquélla a fs. 12); es decir, un porcentaje muy inferior al fijado tradicionalmente por el Tribunal como pauta para discernir la existencia de confiscatoriedad (Fallos: 210:172; 220:699; 239:157, entre otros). Por lo demás, no ha sido adecuadamente demostrado por la actora que ese tributo y la prestación a que se refiere el art. 14 de la ley 25.345 se apliquen sobre la misma base.
7°) Que, por otra parte, de la circunstancia de que la ley 24.241 no haya previsto que el Estado Nacional cobraría a las empresas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones por el servicio de recaudación y distribución de las sumas respectivas, no puede inferirse la existencia de un derecho adquirido por aquéllas a que dicho servicio que in- dudablemente implica un gasto para el organismo estatal que tiene a su cargo la tarea recaudadora y constituye un beneficio para tales empresas continúe siendo prestado indefinidamente a título gratuito. En tal sentido debe recordarse que según lo ha afirmado reiteradamente esta Corte, no existe un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentos ni a su inalterabilidad (Fallos: 308:1361 y sus citas, entre muchos otros). A lo expuesto cabe agregar, a mayor abunda- miento, que en el caso de autos se trata de ingresos provenientes de un régimen legal el denominado "monotributo" instituido con posterioridad a la ley 24.241, todo lo cual conduce a desestimar los restantes agravios del recurrente.
Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador General, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios. Con costas.
Notifíquese y devuélvase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ANTONIO BOGGIANO - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI.
ES COPIA
Recurrente: San José AFJP S.A., representado por el Dr. Nereo Nazareno de Carlos, con el patrocinio del Dr. Gregorio Badeni.
Contestó el recurso: la Administración Federal de Ingresos Públicos, representada por el Dr. Martín A. Escobar Aldao.
Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala V).
Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado n° 12 de ese fuero.
English:
Jurisprudence - Monotribute. San José AFJP S.A. against AFIP law 25,085 decree 863/98 on knowledge process.
It Supreme Court of Justice of the Nation
Buenos Aires, 15 of June of 2004.
Seen the cars: “San José AFJP S.A. c AFIP law 25,085 dto. 863/98 s knowledge process”.
Whereas clause:
1°) That Room V of the National Camera of Appeals in the Contentious Federal Office staff (fs. 383/386), when confirming the sentence of first instance (fs. 312/314 vta.), rejected the demand in the relevant thing to the oppositions conducted by the prosecution to the constitutional validity and application to his with respect to law 25,085 in as much of ordered tries to impose a rate with sustenance in this law, and it admitted it with respect to the impossibility of the AFIP to demand the payment to him of sums corresponding to periods previous to the use of that one.
2°) That, thus to solve, a quo considered that the derogation established by that norm keeps the own characteristics from a rate as soon as is a benefit demanded in obligatory form by the State and has relation with the tax collecting activity of the AFIP that affects to the forced one. It concluded, therefore, in which the legality principle has not been violated. It also judged that the confiscatory character of the tribute had not been demonstrated that justifies its declaration of unconstitutionality. In the same way, it misestimated that the sanction of the law 25,345 (B.O. 17 of November of 2000), whose Art. 14 authorizes to the Executive Power to determine a commission of until 0.7% of the total of the collection corresponding to the personal contributions destined to the regime of capitalization of law 24,241 and to the supervisory contributions of law 24,577 it constitutes a “new fact”, and that the arranged thing by her involves an assumption of “double imposition” then, aside from which law 25,345 was published prior to the presentation of the appeal resource, “does not arise from the check off of law 25,085 and the mentioned norm, the coexistence of organizations equipped with being able tributary that formulate reclamations in confiscatory terms” (fs. 385 vta.).
However, it admitted that it does not arise from the terms of the law 25,085 that this one has clarifying or complementary character of law 24,977, reason by which cannot grant him retroactive effects.
3°) That against such sentence, the prosecution deduced re- extraordinary course that, answered by the National State treasury, was granted in as much is debated the reach and interpretation of a norm federal and denied as far as the abuse fault (confr. fs. 414), without against this last one complaint has been promoted. In the terms in which it was granted, the resource is formally originating (Art. 14, Inc. 3°, of law 48).
4°) That the apellant offends himself because, in its concept, law 25,085 has not created a rate with respect to the bottoms collected by the AFIP that must be sent her as company administrator of bottoms of retirements and pensions but is limited to realise an affectation of resources (imposed to the gains and the added value) that corresponds to him to the national administration; that is to say, one would be an affectation of own resources of the National State. It emphasizes, in such sense, that the law does not arrange in form makes specific the creation of a rate, reason why the criterion of the demanded one to have it by established is manifestly inadmissible and opposite at the beginning of legality and to the legal security. It also adduces that the establishment of a rate would arbitrarily alter unilateral and the rules of the game established by the law 24,241 that did not put in charge of the administrators the expenses of collection, control and distribution of bottoms. On the other hand it alleges that, to be indeed a “rate”, this one would turn out confiscatory and would bring about one “double imposition”, kind to arranged by the Art. the 14 of the law 25,345 when talking about both gabelas to identical cause, fact and tax basis.
5°) That no of such offenses is worthy of consideration. As far as first, the text of law 25,085 is clear in the sense that the affectation of the two and average percent that it establishes is applied on the “amount of the collection of the law 24,977 whose perception carries out the Federal Administration of Income Public”. Consequently, it is not possible to interpret without opposing the legal disposition that it understands to the bottoms collected by virtue of the regime of the denominated “monotribute” instituted by mentioned law 24,977 which they remain in the power of the State, and only leaves to the margin those that must be transferred to the companies administrators of bottoms of retirements and pensions since, since it has been seen, law 25,085 does not establish distinction some that can give sustenance to limit its reach that way. Seated what precedes, and in relation to these last ones then to them this lawsuit is confined beyond which the law has omitted to designate nomen iuris, is evident that the figure that has created has all the characteristics with a rate (confr. cause S.365.XXXVII “Selcro S.A. c Headquarters Cabinet of MOS. deci 55/00 (dto. 360/95 and 67/96) s shelter-law 16,986”, failed the 21 of October of 2003, whereas clause 4° in as much is an imposed benefit coercively by the State whose budget in fact consists of the development of a state activity that concerns to the forced one, like is it the perception of the bottoms that are transferred to the company administrator. Consequently, to the salary instituted by an emanated disposition of the Congress, no objection can take place to its formal validity.
6°) That as far as the arguments regarding the confiscatoriedad, and to the double imposition, the extraordinary resource does not manage to refute the conclusions at which the camera in the sense that has arrived in the case of cars no of the circumstances in which appears, in accordance with the criteria established in well-known jurisprudence of this Court, the tribute can turn out invalid to affect constitutional principles. In sequence to it, it is enough to indicate that according to the accounting report presented by the own company prosecution when promoting the demand, the incidence of the rate created by law 25,085 on the net commission perceived by her would reach to 12.33% (confr. fs. 43 and the expressed thing concordant by that one to fs. 12); that is to say, a percentage far below to the fixed one traditionally by the Court as it rules to discern to the confiscatoriedad existence (Failures: 210:172; 220:699; 239:157, among others). By the others, suitably it has not been demonstrated by the prosecution that tribute and the benefit to that it talks about Art. 14 of law 25,345 are applied on the same base.
7°) That, on the other hand, of the circumstance that the law 24,241 has not anticipated that the National State would receive to the companies administrators of bottoms of retirements and pensions by the service of collection and distribution of the respective sums, the existence of a right acquired by those to that this service cannot be inferred that in dudablemente implies a cost for the state organism that has to its position the tax collecting task and constitutes a benefit for such companies continues under gratuitous title being rendered indefinitely. In such sense it must remember that according to it has affirmed repeatedly this Court to it, does not exist a right acquired to the maintenance of the laws or regulations nor to its inalterabilidad (Failures: 308:1361 and its appointments, between many others). To the exposed thing it is possible to add, to major abounds I lie, that in the case of cars is originating income of a legal regime the denominated “instituted monotribute” after law 24,241, all of which leads to misestimate the remaining offenses of the appellant.
For this reason, and having considered Mr. Procurador General, the extraordinary resource is declared permissible and the appealed sentence is confirmed as soon as it was matter of offenses. With coasts.
Notify yourself and give back yourself. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ANTONIO BOGGIANO - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI.
IT IS COPY
Appellant: San José AFJP S.A., represented by the Dr. Nereo Nazareno de Carlos, with the sponsorship of the Dr. Gregorio Badeni.
It answered the resource: the Federal Administration of Income Public, represented by the Dr. Martín A. Escobar Aldao.
Court of origin: National camera of Appeals in the Contentious Federal Office staff (Room V).
Courts who took part previously: Court n° 12 of that charter.